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12 Octubre 2014

Anulación del Decreto del copago



La Federación de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la Comunidad Valenciana (FEAPSCV) de la que APSA es entidad miembro, ha celebrado la anulación del copago por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano que lo ha declarado “nulo de pleno derecho”. Un copago impuesto a personas con discapacidad y personas dependientes desde principios de este año y que había suscitado denuncias y movilizaciones de todo el sector.

FEAPS Comunidad Valenciana que forma parte del CERMI CV quien ha liderado este proceso, lleva todo el año trabajando para conseguir la anulación de este decreto que obligaba a las personas con discapacidad a contribuir con su pensión al pago de prestaciones y que en muchos casos el coste de los servicios era tan elevado que los usuarios habían tenido que abandonar sus residencias o centros de día, ocupacionales, etc.

Las entidades del CERMICV, se reunirán ahora para trabajar sobre las líneas de actuación que hay que llevar a cabo en cuanto a las personas que se han quedado sin plaza como consecuencia de un copago que no podían asumir, los recursos que están resueltos y los que están pendientes de resolver.

La junta directiva de FEAPS CV está totalmente “satisfecha con la sentencia”. “Ha sido un trabajo inteligente, duro y consecuente con la defensa de una situación que no vimos justa desde sus inicios y que consideramos que se podría haber solventado antes sin necesidad de que nadie se quedara en el camino a tenor de los abandonos de plaza y de costes que han tenido que afrontar las familias para poder recurrir, además de la sensación de abandono por parte de la Administración”, añaden.

El propio presidente de FEAPS Comunidad Valenciana, Mario Puerto, se preguntaba cómo se podía entender que las personas con discapacidad, generalmente las económicamente más desfavorecidas, tuvieran que hacer frente a un copago farmacéutico, ortoprotésico, asistencial… cuando es sabido que estos apoyos nunca fueron “Gratis total” sino que desde siempre las personas con discapacidad contribuyeron razonablemente en forma de aportación familiar al coste de los servicios que recibieron, imprescindibles para el normal desarrollo de su vida diaria”.

Ahora, la sentencia del TSJ declara la nulidad del Decreto 113/013 porque considera que la naturaleza jurídica del copago establecido para el colectivo considerado especialmente vulnerable de personas con discapacidad y mayores, debe exigirse, en su caso, mediante una tasa/tributo, cuya aprobación ha de producirse exclusiva y necesariamente mediante Ley aprobada en Les Corts Valencianes, recalcando que “la normativa asistencial de referencia es la Ley 39/2.006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”. Vulnera además el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa.

El TSJ considera que los servicios a los que se refiere el copago, constituyen “servicios asistenciales, básicos e imprescindibles dirigidos a mayores y personas con discapacidad que no parece que sean grupos especialmente favorecidos”, por lo que su recepción no es voluntaria sino que afecta a aspectos esenciales de su vida diaria y a su dignidad personal.

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